Oaxaca. Oax.- Integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Centro Regional de Derechos Humanos, Bartolomé Carrasco Briseño, se pronunciaron por el respeto al derecho a la vida, y al trabajo de las Defensoras y Defensores comunitarios en Oaxaca, por lo que exigieron una investigación y castigo a los responsables de los asesinatos de Lorenzo Santos Torres y su familia.

Señalaron que la criminalización a líderes indígenas y defensores de derechos humanos es una de las formas de cómo los grupos de poder económico y políticos someten los reclamos de los defensores de derechos humanos y del territorios, generando miedo en la sociedad.

“La situación de las personas defensoras de derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del uso indebido y deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir las actividades legítimas de las personas defensoras de promover y proteger los derechos humanos”, apuntaron.

Destacaron que la falta de investigación y sanción de los agresores, ha transmitido el peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer esos delitos, lo que crea un entorno propicio para la repetición de las violaciones.

De la misma forma, indicaron que en Oaxaca en lo que va del año 2024, han sido asesinados aproximadamente 42 defensores y defensoras de derechos humanos.

Actualmente en México particularmente en el estado, se vive una crisis de violaciones a derechos humanos, pues los conflictos inter-comunitarios por la tenencia de la tierra, la migración y la defensa de los recursos naturales han cobrado vidas.

Las comunidades indigenas y sus defensores, defensoras, comunitarios viven bajo el acoso y hostigamiento de grupos criminales que operan con complicidad e impunidad total dentro y fuera del estado, no hay garantías para la protección de las defensoras y defensores, pues los mecanismos de protección estatales y federales
actúan con lentitud, los organismo protectores de derechos humanos locales no emiten medidas cautelares inmediatas, las Fiscalias integran lentamente las carpetas de investigación, limitando el acceso a la justicia.