Los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, director de Animal Político, así como el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de su falta de confianza en la dependencia.

Lo anterior, luego de ser espiados por militares en sus dispositivos móviles, durante 2019 y 2020, con el malware Pegasus.
En conferencia de prensa, Moreno comentó que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda bajo qué criterios se seleccionó a quienes fueron espiados.

Detalló que en la conferencia matutina de ayer intentaron preguntar al Mandatario sobre el tema, pero no lo lograron e insistirán este martes.

“Vulneraron al periodista en lo personal, en lo familiar y a todo Animal Político… Queremos saber si el Presidente sabía o no sabía”, estableció.

Ricardo Raphael dijo que una grabación ilegal llegó a manos de la activista Isabel Miranda de Wallace, quien la utilizó para señalarlo de pertenecer a un cártel y canalizar supuestos recursos ilegales hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No estamos aquí ninguna persona que pueda ser imputada de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado”, subrayó.

Raymundo Ramos responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina de lo que les pueda suceder a ellos o sus familias y enfatizó que los legisladores también son responsables de que el país esté en manos de las Fuerzas Armadas.

El domingo pasado El UNIVERSAL informó que una investigación conjunta de medios y colectivos, como Citizen Lab de Toronto, confirmó la vulneración de datos personales y celulares de los periodistas y el activista.

La investigación refiere que el Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones de civiles, lo sigue realizando.

En la conferencia, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, expresó que los hallazgos del informe contradicen las promesas del Jefe del Ejecutivo de que en su gobierno no contratarían sistemas de espionaje ni se usarían contra comunicadores y defensores de derechos humanos.

“Implica la posibilidad de dos escenarios: el primero es que el Mandatario mintió al pueblo de México, o bien, el segundo, que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del Presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”, aseveró.

Indicó que estos hechos no deben quedar impunes y es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo se ha utilizado esa información y con quién ha sido compartida.

“Es fundamental iniciar un proceso de verdad y justicia sobre miles de violaciones a derechos humanos, incluyendo el espionaje ilegal, cometidas en gobiernos anteriores y en el actual que permanecen en la impunidad”, puntualizó Maldonado.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, indicó que el Presidente afirmó que su gobierno no tenía contratos con Pegasus u otro malware cuando se publicó Pegasus Project en julio de 2021.

Consideró que el espionaje que realizó la Sedena con Pegasus es un reflejo de la iniciativa militarista que permite desaparecer las corporaciones civiles federales de seguridad pública.

Olivares refirió que esta información se da a conocer en medio de una embestida militarista en México marcada por el decreto que pasó la gestión de la Guardia Nacional a la Sedena, y por el debate sobre la ampliación del mandato de la dependencia para efectuar labores de seguridad pública hasta 2028.


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