Cumplió un mes el momento más álgido de la feroz persecución que han sufrido, como si fueran criminales, familias pertenecientes a la Iglesia Cristiana Interdenominacional (ICIAR) del municipio de San Juan Lalana, Distrito de Choapam, en la región del Papaloapan, ante la pasividad y, por qué no decirlo, omisión que deriva en complicidad de funcionarios oaxaqueños.
Sucede en la ranchería Cerro Cajón, pequeño poblado de la agencia municipal San Isidro Arenal, que actualmente permanece desolada, porque sus pocos habitantes tuvieron que huir, expulsados, agredidos físicamente y algunos de ellos golpeados, torturados, como en tiempos de la Edad Media.
Nueve meses después del inicio de esta escalada, se han realizado denuncias mediáticas, interpuesto quejas y abierto expedientes; han intervenido organismos defensores de derechos humanos, autoridades y líderes de iglesias cristianas evangélicas, pero ello no ha logrado apaciguar el fanatismo de quienes mantienen desde hace tres décadas normas internas que prohíben cualquier religión distinta a la católica romana, basadas en pretorianos “usos y costumbres” que obligan a las y los ciudadanos, aunque profesen otro credo, a cumplir con cargos civiles y religiosos entremezclados.
La negativa a cumplir con los encargos, alegar la ley de libertad de cultos que promulgó Juárez en 1860 o bien denunciar conculcación de derechos, enardece al grupo fanatizado, cuestión que deriva en agresiones para obligarlos a salirse de sus casas, abandonar los niños las escuelas, las familias sus pertenencias, animales y posesiones, y migrar hacia poblaciones cercanas como Playa Vicente, Veracruz. Los han dejado además sin víveres, servicios básicos como agua, energía eléctrica, internet y quemado su templo, además de ocupar sus propiedades y robarles sus cosas.
Es tan escandaloso el oscurantismo con que actúan, porque se han cometido delitos graves que corresponde a la autoridad investigar y castigar, que el arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, ha desautorizado el fanatismo que se escuda -dijimos nosotros en estas líneas en julio pasado - en “actos de autoridad comunitaria aprobados en un asambleísmo manipulado que opera a contracorriente de derechos tutelados por la Constitución. Las llamadas minorías protestantes que, alojadas en comunidades indígenas y rurales, siguen siendo víctimas de intolerancia, castigos, discriminación, exclusiones y expulsiones, las más de las veces violentas”. Nada de pluralidad y ampliación de libertades, como se escucha decir a los políticos.
Discriminar por el hecho de pensar o creer diferente, fue cuestionado por el jefe de la iglesia católica oaxaqueña, quien explotó públicamente preguntando a la feligresía: “¿Quiénes quemaron el templo de los no católicos? Los católicos. ¿En este siglo con estas actitudes? ¿Dios estará de acuerdo? Dios no está de acuerdo. Me da mucha tristeza lo que a veces ha pasado en nuestras comunidades, me da mucho dolor. Hay que reconocerlo”.
El personaje que identifican por su falta de imparcialidad y profesionalismo para tratar el asunto es nada menos que el delegado de Paz del gobierno oaxaqueño en la zona de Tuxtepec, José Méndez López, originario de San José Río Manzo, quien en lugar de distender la situación, actúa como juez y parte. Caciquillos pequeños, pero fortalecidos por obra y gracia de un gobierno que inexplicablemente -como el caso de Donato Vargas- los sostiene porque a sus jefes les interesa el control de zonas altamente marginadas que producen votos y entronizan diputados y presidentes municipales, auténticos “jefes políticos”, ahora de la 4T.
Quienes, en diversas esferas, consideran que “los aleluyas” dividen a comunidades y “traicionan” por desistir, por cualquier razón, del catolicismo tradicional, alimentan la narrativa que considera a estos ciudadanos “como sectas -en palabras de Carlos Monsiváis- que evoca de inmediato a clandestinidad, conjura, sitios macabros, sesiones nocturnas a la lívida luz de la luna…”.
Es cierto que la Defensoría de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares dirigidas a funcionarios para que actúen, y en favor de los afectados a fin de protegerlos. Y que, incluso, ya intervinieron funcionarios de López Obrador para prodigarles apoyos hasta donde se encuentren refugiados. Aún con todo, la respuesta y protección para las familias chinantecas de Cerro Cajón es insuficiente.
@ernestoreyes14